A por la Fundación Franco

¿Quién la propone?

El Grupo Parlamentario Socialista es el impulsor de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

¿Para qué?

La iniciativa pretende disolver la Fundación Francisco Franco, así como otras similares. Su objetivo es extinguir cualquier asociación que ensalce el franquismo o concurra en menosprecio y humillación hacia las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Para ello, añade una nueva Disposición adicional quinta, de Disolución de asociaciones, a la Ley reguladora del Derecho de Asociación.

A tener en cuenta…

• El texto establece que, será causa de disolución de las asociaciones la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra de España, o del franquismo.

   

•  La extinción se ejecutaría mediante resolución judicial. En los procesos abiertos, el órgano judicial competente, de oficio o a instancia de parte, podría acordar la suspensión provisional de la asociación hasta que se dicte sentencia firme. Correspondería al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos.

• En el Senado, el PP aprovechó su mayoría absoluta para, junto a UPN, reescribir el texto durante la ponencia de la Comisión Constitucional. Con los cambios, la PL modificaría el Código Penal para permitir actuar contra asociaciones que promuevan sistemas políticos o ideologías que subviertan el orden democrático, que sean totalitarios o que enarbolen valores incompatibles con la libertad o la igualdad.

   

• El informe de ponencia elaborado por la Comisión Constitucional del Senado incluía menciones a “la banda terrorista ETA” y a sus “herederos políticos”.

¿Cómo acabó?

El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la PL el 10 de abril de 2025 y la remitió al Senado. La Comisión Constitucional del Senado se reunió el 26 de mayo para aprobar el nuevo informe de ponencia, que está pendiente de ser elevado al Pleno.

Tras ello, deberá regresar al Congreso para su debate definitivo, en el que se espera que los grupos parlamentarios del Gobierno, PSOE y Sumar, de la mano de sus socios, recuperen el texto original.