Blindando la accesibilidad a la Defensa y las lenguas cooficiales

¿Quién la propone?

El Proyecto de Ley del Derecho de Defensa nace de la voluntad del Gobierno por blindar el libre acceso a los Tribunales de Justicia, garantizar un proceso sin dilaciones indebidas y asegurar la protección en procedimientos penales.

¿Para qué?

Se regula que los actos y comunicaciones procesales se redacten en un lenguaje claro y teniendo en cuenta las características personales y necesidades concretas de las personas con discapacidad. Se deberá tener en cuenta, también en los casos con menores de edad y mayores (brecha digital). Así, se avala el uso de sistemas alternativos como braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia…

El texto también blinda la conciliación de los profesionales de la abogacía.

De igual forma, el Gobierno aceptó las demandas de Junts, ERC y BNG para asegurar que puedan utilizarse las lenguas cooficiales ante la Justicia; garantizando que se dispongan los medios técnicos necesarios, tales como intérpretes y/o traductores.

A tener en cuenta…

• Las lenguas cooficiales fue, precisamente, el punto que escoró a PP y Vox del voto favorable a la abstención en la Comisión de Justicia.
   
• En el Senado, los populares se valieron de su mayoría absoluta para suprimir su uso, pero en el Congreso el bloque de investidura lo tumbó para mantenerlas.

¿Cómo acabó?

La iniciativa está publicada en el BOE. El Senado dio por aprobado el redactado que le llegó del Congreso al suspender la sesión plenaria que iba a tener lugar el 30 de octubre con motivo de la DANA.

En el Pleno del Congreso, el dictamen de la Comisión de Justicia, en la votación de conjunto, salió adelante con 178 síes (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y José Luis Ábalos) , 170 abstenciones (PP, Vox y UPN), y dos personas no votaron.