La enmienda que pasó desapercibida hasta que no tenía solución

¿Quién la propone?

El Gobierno, para trasponer la reforma de la directiva europea por la que se rige el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Lo que en principio comenzó como una iniciativa de carácter técnicos terminó desatando una tormenta política por dos enmiendas introducidas por Sumar.

A tener en cuenta…

• El proyecto remitido por el Gobierno al Congreso tomaba como base una propuesta de 2022, decaída tras el adelanto electoral del año siguiente.

• Tras tres meses de plazo para registrar enmiendas ante la Comisión de Justicia, se registran 13 propuestas de cambio: cinco de Sumar, tres del PP, dos del PSOE, otras dos de Podemos y una de Junts.

   

• Dos de las de Sumar permiten que se beneficien del cómputo de penas cumplidas en el extranjero, entre otros, condenados por delitos de terrorismo. Los cambios no fueron advertidos por ningún legislador de la oposición.

   

• A la hora de votar el dictamen en la comisión del Congreso, todos los grupos votan a favor, a excepción de Vox (que se abstuvo). Una vez en el Pleno, los de Santiago Abascal dieron un ‘Sí’ al texto.

   

• El proyecto aprobado por la Cámara Baja llega al Senado a finales de septiembre de 2024, sin que nadie registre enmiendas en los 20 días habilitados para ello. Sin enmiendas, no había informe y sin informe no hay dictamen que emitir en la Comisión de Justicia.

   

• Así las cosas, la previsión era de que el Pleno del Senado tomara conocimiento directo de la iniciativa, mero trámite antes de su publicación definitiva en el BOE

   

• Tras publicarse en prensa el alcance que podrían tener las enmiendas de Sumar, PP y Vox alzan la voz y buscan formas con las que detener o ralentizar la tramitación de la iniciativa.

   

• Finalmente, en el último día para la tramitación en el Senado, esta Cámara celebra un pleno extraordinario cuyo único punto del orden del día es pronunciarse sobre el proyecto. El rechazo de la mayoría absoluta de PP, Vox y UPN fue interpretado por el presidente de la Cámara como un veto efectivo y como tal remitido al Congreso.

¿En qué punto se encuentra?

Remitido a la Cámara Baja desde el Senado, la Mesa del Congreso rechazó el veto declarado por la Cámara Alta al considerar que se poducía fuera de plazo y que además no se ajustaba a los cauces legales para ello. En consecuencia, se dio por aprobada la ley y se declaró lista para su publicación en el BOE.

Actualmente hay un conflicto de atribuciones iniciado por el Senado contra el Congreso, a instancias del PP y apoyado por Vox, por el desacuerdo en el rechazo del veto de la Cámara Alta por parte de la baja. El Congreso ya ha dicho que no piensa rectificar y la cuestión se ha elevado al Tribunal Constitucional.